La legalidad de las elecciones realizadas, no depende de las declaraciones que efectúen los actores políticos. Este proceso eleccionario debe ser fundamentado y defendido por transparencia de los resultados. El órgano electoral debe brindar las facilidades para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a información evidenciable de los resultados finales y para que no existan cuestionamientos.
El cuestionamiento a los resultados eleccionario por parte de la oposición demuestra las falencias en capacitación e información a los jurados electores, por parte del Órgano electoral. Así mismo este ultimo, no puede amenazar con juicios a todo aquel descrea del proceso o pida la anulación de las elecciones.
Es poco probable pensar en la anulación de las elecciones judiciales. Aunque la legitimidad de las futuras autoridades es cuestionada por el escaso apoyo ciudadano, la norma y reglamentación esta de su lado. Y además estando próxima la posesión de los candidatos con mayor votación.
En contrapartida, los resultados de la votación confirman la baja de popularidad del presidente Evo Morales. Después de ganar la presidencia con mas de la mitad de los votos el 2005. Fue innegable en las elecciones pasadas, evidenciar una merma electoral en el apoyo ciudadano al Mandatario y al MAS. Aunque estos no aparecieran en la papeleta de votación, se patentizo una disconformidad de la población con el gobierno, principalmente ante los últimos conflictos de octubre en el Tipnis.
Este 16 de octubre, incluso mucho antes, ya todo fue dicho. El Gobierno monto todo un aparataje para garantizar una elección de sus afines. Los resultados aseguran el advenimiento de nuevos magistrados al Movimiento al Socialismo. Con esto se reafirma la pretensión de una segunda reelección para un tercer mandato de Evo Morales, dejando en segundo plano la consolidación de una justicia transparente y efectivamente justa.
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